Acción Ecológica entregando su respuesta al Ministerio del Medio Ambiente tras una petición de disolución de la organización de parte del Ministerio del Interior.
El Ecuador se ha convertido en un país donde las concesiones extractivistas se han vuelto más importantes que los derechos humanos, los derechos de libre expresión y los derechos de libre asociación. Es importante entender como están conectadas las actividades extractivistas a la disolución de organizaciones en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, pues la lucha por alternativas al extractivismo se siente en toda la sociedad civil. La violación de los derechos de estas organizaciones están conectadas a la violación de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. La utilización del poder administrativo para silenciar a las organizaciones que se oponen a políticas públicas del Estado es un fenómeno global. En el Ecuador últimamente han habido una serie de organizaciones civiles que el estado ha disuelto, como la como Fundación Pachamama, la Union Nacional de Educadores, Fundamedios, y mas recientemente, Acción Ecológica.
Acción Ecológica es una institución con 30 años de trayectoria defendiendo pacíficamente los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador. Sin embargo, El 20 de Dic, 2016 recibieron una notificación de parte del Ministerio del Interior sobre una solicitud de disolución de la organización por las siguientes razones:
- Promover a la violencia a través de las redes sociales
- Denunciar la violación de derechos humanos
- Realizar afirmaciones sobre los terribles impactos ambientales de la industria minera
Esta notificación causó una fuerte reacción de rechazo de parte del público, tanto dentro como fuera del Ecuador. Movilizaciones diarias tanto en las calles como en las redes sociales (#SOSAccionEcologica) hicieron sentir la solidaridad con la organización y sus causas. Aquí debajo se encuentra el audio de la respuesta completa de Acción Ecológica ante las acusaciones, donde se exponen las agresiones de parte del Estado en contra de la organización.
Afortunadamente, el 12 de Enero 2017, el Ministerio del Medio Ambiente desestimó la disolución de Acción Ecológica porque no encontraron vinculación directa entre los hechos violentos en la parroquia Panantza del 21 Nov y 14 Dic del 2016 y los comunicados de Acción Ecológica. Sin embargo, recomendó a la organización el "No propender a emitir criterios u opiniones a través de comunicados en momentos y situaciones de conmoción social que pudieran ser interpretados como factores de alteración de la paz".
Los hechos en cuestión se refieren a los enfrentamientos entre el pueblo Shuar y la policía nacional, los cuales resultaron en varios heridos y un policía muerto. Sin embargo, vale la pena mencionar el contexto de estos enfrentamientos, pues no es claro donde empiezan y donde terminan las "situaciones de conmoción social":
El conflicto entre los Shuar y Ecuacorriente (ECSA) se remonta al año 2000, cuando ECSA comenzó operaciones en la región. Desde entonces, ECSA ha sido acusada de crear organizaciones pro-minería para dividir las asociaciones indigenas locales, perpetuando la violencia y la intimidación contra de los defensores de la vida y amenazando la biodiversidad local. Adicionalmente, la explotación de la región amenaza fundamentalmente al estilo de vida del pueblo Shuar, quienes habitan esta región, y su derecho a la autodeterminación. Como lo pusieron miembros del consejo de Gobierno Shuar:
““Nosotros, nuestros abuelos, conservamos intacto el territorio por cientos de años; se nos debe reconocer por ese trabajo... No queremos carreteras, eso no es cambio sino desventaja porque nos volvería consumistas y se acabaría el bosque”
Varias protestas y acciones directas pacificas en contra de las operaciones mineras empezaron en el 2006 tras llamadas al diálogo que fueron ignoradas por ECSA. Activistas también han demandado a ECSA por la falta de transparencia y por intentos deliberados de desinformación a los residentes. A pesar que un decreto presidencial del 2008 que anuló estas concesiones, estas fueron reinstauradas en el 2009 y las manifestaciones cobraron nueva vida, esta vez tornándose violentas. Los locales alegan que grupos paramilitares pro-minería reciben apoyo de ECSA para dividir a la comunidad, pero ECSA niega estas alegaciones. A pesar de ser tierra ancestral de los Shuar, eran colonos quienes tenían los títulos de propiedad en la región y estos fueron vendidos a ECSA, justificando así la legalidad de las operaciones. En Diciembre del 2011 el presidente del Ecuador aprobó el comienzo de las operaciones mineras y los residentes de estas comunidades fueron desalojados a la fuerza de sus propias casas. Desde entonces, la criminalización en contra de quiénes se manifiestan en contra de la explotación de la región se intensificó. En el 2011, dirigentes Shuar que buscaban proteger sus fuentes de agua de los impactos de la minería industrial fueron detenidos bajo la acusación de "terrorismo organizado". El 2 de diciembre del 2014 el cuerpo de José Tendetza fue encontrado atado de pies y manos flotando en el rio Zamora. Tendetza fue líder indígena de la nacionalidad Shuar y opositor a la minería a gran escala en la Cordillera del Condor. En el 2016 miembros de la comunidad Shuar se tomaron el campamento de ECSA y se enfrentaron contra miembros de la policía quienes nuevamente trataron de desalojarlos. Desde estos enfrentamientos, los cuales dejaron varios heridos y un oficial muerto, ha sido impuesto un estado de excepción en la provincia de Morona Santiago, militarizando la región y suspendiendo el ejercicio de derechos que se refieren a la libertad de expresión y opinión, a la asociación y reunión, al libre tránsito y a la inviolabilidad del domicilio.
No son necesarios los enfrentamientos entre manifestantes y policías para que exista violencia. La realidad es que vivimos en un perpetuo estado de conmoción social. Las presiones económicas de nuestro planeta globalizado regularmente chocan contra las dimensiones humanas y ecológicas. También es violencia cuando se violan los derechos de los ciudadanos y no se les permite ejercer sus derechos de autodeterminación, de libre expresión, y de libre asociación. También es violencia cuando a un grupo de gente le es negada su tierra ancestral. También es violencia cuando las especies se extinguen, y cuando la tierra y el agua son irreversiblemente contaminadas. A pesar que el Ecuador se promueve como un estado plurinacional donde los derechos de la naturaleza son reconocidos en la Constitución, el paradigma extractivista jamás ha sido cuestionado y hemos visto repetirse al mismo conflicto, muy común en todo el mundo: la insaciable demanda de materias primas pone en segundo plano el bienestar de algunos grupos sociales y del medio ambiente en general. Recordemos el devastador efecto de las mineras en Chile, cuya enorme demanda de agua convirtió el norte del país en desierto y desplazó a la cultura indígena local. Mientras los grupos indígenas de todo el mundo tratan de resistir la destrucción de su tierra y de su cultura, el consumismo mantiene a población en una ciega y silenciosa complicidad. En este punto, la principal diferencia entre #NoDAPL y #SOSPuebloShuar, además de la latitud, es la escala de la campaña mediática que denuncia la lucha que enfrentan los pueblos indígenas, pero las presiones de fondo son muy similares. Ya sea en América del Norte o en Sudamérica, lo trágico no es solo que los enfrentamientos entre manifestantes y policías cobren la vida de seres humanos, sino que nuestro modelo económico considera a ciertas regiones del país y a su gente como sacrificios "aceptables" de la economía mundial, y que esta violencia es normalizada como un mal necesario del progreso.
Este corto resumen no hace justicia a la complejidad de los conflictos entre las industrias mineras, los pueblos indígenas y a la sociedad ecuatoriana. La complejidad de la situación exige que la sociedad civil se mantenga informada y atienda críticamente a las políticas públicas del gobierno. Por eso, el rol de organizaciones como Acción Ecológica es de suma importancia para una democracia funcional, pues son ellos quienes levantan la voz por aquellos quienes no la tienen (la naturaleza) o por quienes han sido históricamente ignorados por la sociedad (pueblos indígenas). Si consideramos la riqueza biológica y cultural de la Cordillera del Cóndor, es fácil ver que esta región vale muchísimo más que los minerales que yacen bajo la tierra. Tras décadas de una economía basada en el petróleo, queda claro que la dicotomía entre "explotación o pobreza" planteada por el gobierno es falsa. Pero sin voces que difieran del discurso oficial, no podremos jamás superar la normalización de la violencia inherente a un modelo económico que requiere sacrificar el bienestar social y ambiental de grupos humanos. En tiempos de "conmoción social" más que nunca necesitamos de diálogo, no de silencio.
Para más detalles sobre el conflicto actual, recomendamos este documental: "Cordillera del Cóndor- Paraíso Amenazado - Pueblo Shuar Amenazado" (30 min).